Asunto: Responsabilidad de la UE para evitar las muertes en las fronteras externas e internas y garantizar derechos para las personas migrantes 

Más de 130 organizaciones europeas y países de origen de las personas migrantes hemos organizado la Marcha a Bruselas bajo el lema Derechos! No muertes! en demanda del cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en las fronteras y la regularización administrativa de las personas que viven y trabajan en Europa.

Más de 50000 personas han perdido la vida desde 1993. Las fronteras europeas están provocando muerte como consecuencia de las políticas migratorias que llevan a cabo la Unión Europea y los gobiernos e

uropeos. La ausencia de vías legales y seguras, los acuerdos de externalización de las fronteras y la progresiva militarización de las fronteras provocan víctimas evitables. 

La desprotección institucional y la falta de un marco que atienda a la dimensión transnacional ocasiona vulneraciones de derechos esenciales que afectan a la dignidad humana, los derechos post mortem de quienes han fallecido y el derecho a conocer la verdad que ampara a las familias. Esta inacción y opacidad es una forma de castigo o tortura hacia las familias y de deshumanización hacia las personas que deciden, o no tienen más remedio, que emprender un proceso migratorio.

Al mismo tiempo, las personas que logran atravesar estas fronteras trabajan y viven durante largos años sin papeles, sin derechos. La situación de irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos como la educación y la sanidad. 

Junto a ello, la Unión Europea también participa de la responsabilidad en los desplazamientos forzados. Los tratados de comercio e inversiones con los gobiernos de origen, la fabricación y el comercio de armas y la desregulación de las prácticas extractivistas 

y neocoloniales de las empresas transnacionales son causa de que miles de personas sean expulsadas de sus modos de vida y sus comunidades de origen.

Ante esta situación de destrucción de los derechos humanos hemos convocado una acción el sábado 1 de octubre a las 15:00 en la plaza de Luxemburgo para pedir a las instituciones y gobiernos europeos medidas concretas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes:

En relación a las muertes, desapariciones y violencia en las fronteras

  • La creación de oficinas de personas fallecidas y desaparecidas. Adaptar el marco jurídico en materia de desapariciones y fallecimiento a la realidad de las migraciones. Establecer un protocolo especifico de actuación del banco de ADN. Establecer convenios con los países de origen y de tránsito para velar por la situación y los derechos de las personas fallecidas y desaparecidas y sus familiares. 
  • Un protocolo de atención a sucesos de víctimas múltiples, que no se aplica en caso de naufragios y produce crueldad y tortura.
  • Transparencia y la publicación de datos de las pérdidas reales de vidas en las rutas migratorias y que estos datos estén desagregados por género, procedencia y destino.
  • Autorizar a los barcos de salvamento marítimo para que puedan realizar libremente su labor de rescate para salvar vidas y desembarcar a las personas en puertos seguros.
  • Suspender los acuerdos de deportación con terceros países como Marruecos, Senegal, Mauritania, Gambia, Afganistan, Libia o Turquía. Ninguna persona debe ser enviada a un país en el que puede sufrir tortura, persecución o amenazas a su vida. La externalización de fronteras beneficia a gobiernos corruptos que no garantizan los derechos humanos y a las mafias que actúan con su connivencia.
  • La disolución de FRONTEX y el fin de la subcontratación del control de las fronteras
  • El cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y de otras estructuras de detención y contención de personas extranjeras.
  • Acabar con la violenta cadena de deportaciones en caliente contrarias al derecho internacional.
  • Cesar los controles fronterizos terrestres en las fronteras internas europeas que, además, se practican por perfil étnico.
  • El cese de la producción y el tráfico de armas de la Unión Europea. Y mientras tanto, el cumplimiento de la normativa internacional sobre la venta de éstas, dando fin a la exportación a países que están bombardeando población civil en conflictos armados y que no respetan los derechos humanos.

En relación a los derechos

  • El derecho a circular libremente y de forma segura para que nadie más pierda su vida por ejercer el derecho a migrar y para evitar la explotación, los abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas.
  • La regularización administrativa de las personas extranjeras que viven y trabajan en territorio europeo.
  • Políticas de acogida dignas y efectivas y la implementación de protocolos con perspectiva de género en dichas acogidas. Que la aplicación de la Directiva 2001/55 que está otorgando protección temporal generalizada a las personas ucranianas que salen del país, se active asimismo para personas que huyen de otros conflictos.
  • Unas relaciones internacionales de cooperación que pongan fin a las políticas de saqueo y expolio de recursos en África y en los países del Sur global.
  • La retirada de la propuesta del último Pacto Europeo de Migración y Asilo.
  • Asegurar el acceso al derecho de asilo a todas las personas, independientemente de su país de origen y de que se tome como referencia una catalogación de país seguro de uno que de hecho no lo es.
  • El respeto a las disposiciones del derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra relativa a las personas refugiadas, y las normas que protegen a las personas migrantes.
  • Garantizar el derecho a la protección internacional a través del reconocimiento efectivo de cualquier motivo específico de asilo para mujeres, niñas y personas LGBTIQA+.
  • Garantizar la implementación efectiva de la Convención de Estambul y la Convención sobre la Acción contra la Trata de Personas para que las víctimas de violencia de género sean reconocidas, apoyadas y protegidas internacionalmente.
  • Garantías específicas para personas en situación de especial vulnerabilidad establecidas en la Directiva Europea de procedimientos comunes para la concesión de la protección internacional: menores, personas con diversidad funcional, etc.
  • El cese de la criminalización de las personas y organizaciones solidarias con las personas migrantes.
  • La derogación del Reglamento de Dublín y de la Directiva Europea de Retorno.
  • El cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos en sus sesiones sobre la violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas de Barcelona, Palermo, Paris y Londres (2017-2019), las propuestas de la relatora de la ONU en su informe sobre desapariciones forzadas en la ruta migratoria y las de varias organizaciones no gubernamentales, como las de Amnistía Internacional (informe de diciembre de 2017) sobre la violación de derechos en Libia.
  • La aprobación del Tratado Vinculante sobre el control de las Empresas Transnacionales y otras empresas en materia de respeto de los Derechos Humanos negociado en el marco del Consejo de Naciones Unidas en Ginebra.
  • La ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los y las trabajadoras migratorias y de sus familiares.

Garantías a la justicia y el refugio climático, controlar y sancionar la actividad de las empresas contaminantes y seguir el Acuerdo de París firmado en 2016 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el calentamiento global.